MANUEL MARCHENA. LA JUSTICIA AMENAZADA.

 

  Una de las razones por las que he comprado y leído este libro es porque soy un fiel y rendido admirador de este juez cuyas sesiones del juicio del Procés vi íntegramente.

   Vi todas y cada una de las sesiones del macro juicio, unas veces, cuando podía, en directo; otras, en video cuando llegaba a casa. Le he admirado hasta la extenuación. Su saber estar, su competencia, su sabiduría del tema que se traía entre manos, cómo se sacudía de las presiones que le intentaban poner los cómicos del mundo indepe.

    Una curiosidad es que defiende que el Fiscal General del Estado sea elegido por el gobierno, pero debe este tener una “inderogable aspiración de objetividad e imparcialidad”. Enseguida me he acordado del infecto García Ortiz, el imparcial.

  Y debo decir que independientemente de lo didáctico y ameno que es tiene un estilo a lo Stendhal, del que se decía que para inspirarse en el estilo leía cada día unas páginas del Código Civil.

  Una cosa me ha quedado clara de la política en todos estos años desde la Transición hasta ahora: tiene que correr el aire. La permanencia de un gobierno en el tiempo es peor cuanto más larga sea. Desempolvar, limpiar, sustituir, recomponer, siempre será sano. Lo demás es criar moho y mala sangre.

    También me ha dado alegría cuando entre sus páginas descubre uno gustos comunes como cuando habla de la Historia de un Empapelamiento, el libro magnífico de Carmen Marín Gaite sobre la caída en desgracia de quien fue el primer Fiscal General.

  “Delitos como la prevaricación, malversación de caudales públicos, delitos contra la ordenación del territorio y terrorismo, por ejemplo, representan una ofensa a bienes jurídicos colectivos cuya integridad no debería quedar exhaustivamente en manos de un fiscal general del Estado bajo la permanente sospecha de parcialidad”. “…la historia del Ministerio Fiscal es la historia de un órgano integrado por profesionales con una inderogable aspiración de objetividad e imparcialidad”. Palo a García Ortiz, el filtrador.

  “El escalonamiento, con carácter general, se estructura a través de órganos colegiados –tres o más magistrados- que revisan las decisiones de los órganos inferiores, y culmina en el Tribunal Supremo, que constitucionalmente ocupa la cúspide jerárquica de la administración de justicia”. Palo a Sánchez por el tema de los Eres, despachados en el Constitucional de manera infantil.

  “Expresar el desacuerdo con una decisión judicial es un ejercicio de salud democrática. Sin embargo, lo que no parece correcto es que los poderes públicos y los responsables políticos, con el fin de demostrar su sensibilidad a esas críticas ciudadanas, promuevan una catarata de reformas legislativas encaminadas al imposible objetivo de identificar las soluciones técnicas con las soluciones ciudadanas. Y cuando esto se intenta, el resultado pasa factura”. Palo a Sánchez para sus modificaciones para contentar a sus socios, suyos abogados contribuyeron a redactar la ley de amnistía.  

  Hay un capítulo con el que no estoy de acuerdo, al menos en parte. Se trata sobre la “duración de las penas”. Dice y afirma que la máxima dureza no ha resuelto el problema de la delincuencia en diversos países latinoamericanos. El Salvador le deja en evidencia.

  Toda una lección de educación democrática y judicial es lo que ofrece este libro. “En efecto, el CGPJ no dicta sentencias, no administra justicia. Se ocupa tan solo –y no es poco- de garantizar las condiciones que deberían asegurar un ejercicio verdaderamente independiente de la potestad jurisdiccional”.

  Las luchas políticas por hacerse con el control del poder judicial, cada vez con menos disimulo: La decisión de privar al CGPJ de su capacidad para hacer nombramientos pendientes, hasta tanto el acuerdo de renovación se alcance, supone herir de muerte al órgano de gobierno del poder judicial”. En ello están. Y propone una idea, que apoyo al cien por cien: un capítulo redactado como sigue: “expirado el término de su mandato, cesarán en el ejercicio de sus cargos”. “A partir de ese momento, el interventor del Estado que validara la orden de pago de la nómina podría estar sujeto a una responsabilidad de alcance penal”.

  Cuántas veces he imaginado un careo entre Marchena y Sánchez. Pero claro, es verdad que no se puede consentir una pelea entre diferentes pesos.